La Coalición de la CNUCC acoge con satisfacción la declaración conjunta sin precedentes de los expertos de la ONU

Viena – La Coalición de la CNUCC acoge con satisfacción la declaración conjunta sin precedentes de un grupo de titulares de mandatos de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas que pide a los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) que fortalezcan el espacio cívico en los esfuerzos de lucha contra la corrupción. 

El primer llamamiento conjunto realizado por un grupo de expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos a los Estados Partes de la CNUCC insta a los gobiernos a fortalecer la inclusión y la transparencia del mecanismo de revisión de la Convención y a garantizar la participación significativa de la sociedad civil en los esfuerzos de lucha contra la corrupción, tanto a nivel nacional e internacional como en todos los foros de la CNUCC.

El llamado se produce mientras los Estados comienzan a participar en negociaciones informales en Viena sobre el futuro del Mecanismo de Examen de la Implementación (MRI) de la CNUCC, que es el único acuerdo anticorrupción vinculante y completo al que se han adherido 190 Estados y la Unión Europea.  

Un llamado a la acción

Los expertos establecen los pasos inmediatos que los Estados deben adoptar para proteger el espacio cívico en los procesos de la CNUCC, haciéndose eco también de las recomendaciones elaboradas por la Coalición de la CNUCC y de un llamamiento conjunto de más de 400 organizaciones de la sociedad civil y expertos :

• Adoptar reformas para que el mecanismo de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sea más eficaz, transparente e inclusivo;
  • Garantizar la participación activa de la sociedad civil en las etapas clave del proceso de examen y seguimiento del país;
  • Mejorar la transparencia mediante la publicación de todos los documentos de entrada y salida, incluidas las presentaciones de las ONG; 
  • Proporcionar un calendario actualizado periódicamente de revisiones de países e información sobre cómo las partes interesadas pueden participar;
  • Desarrollar un proceso de seguimiento eficaz, eficiente e inclusivo para supervisar la aplicación de las recomendaciones por parte de los países y evaluar la eficacia de las disposiciones de la CNUCC en la práctica;
• Iniciar consultas formales con la sociedad civil para identificar medidas prácticas para una mayor participación cívica;
• Promoción de la participación de la sociedad civil en los foros de la CNUCC:
  • Otorgar a las ONG la condición de observadores en todos los órganos de la CNUCC;
  • Salvaguardar el acceso de la sociedad civil a la Conferencia de los Estados Partes de la Convención;
  • Garantizar la participación de la sociedad civil en el seguimiento de las resoluciones de la CoSP;
• Establecer mecanismos globales para monitorear las represalias contra los defensores de la lucha contra la corrupción; y
• Fortalecimiento de la colaboración entre la CNUCC y los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

“Los Estados deben actuar conforme a las recomendaciones de los expertos de la ONU y trabajar para lograr un Mecanismo de Revisión de la CNUCC más eficaz, transparente e inclusivo que facilite la participación significativa de la sociedad civil en las iniciativas anticorrupción. Deben hacer de la protección y expansión del espacio cívico un pilar fundamental de sus compromisos anticorrupción en la próxima CoSP11 en diciembre”, declaró Mathias Huter, Director General de la Coalición de la CNUCC. “Unidos entre mandatos y regiones, los expertos de la ONU han enviado un mensaje contundente: proteger el espacio cívico es esencial para combatir la corrupción y salvaguardar los derechos humanos”.

El espacio cívico no debe ser opcional

Los expertos de la ONU subrayan que salvaguardar el espacio cívico y permitir la participación de la sociedad civil no son opcionales sino obligaciones fundamentales en virtud del artículo 13 de la Convención contra la Corrupción y del derecho internacional de los derechos humanos.

Nos unimos para instar a todos los Estados Parte de la CNUCC a que reconozcan a la sociedad civil no como un obstáculo, sino como un socio indispensable en la lucha contra la corrupción y la promoción de los derechos humanos. De no actuar, corremos el riesgo de acelerar la erosión del espacio cívico, debilitar las iniciativas anticorrupción y socavar el disfrute de los derechos humanos a nivel mundial. 

La corrupción como crisis de derechos humanos

Entre los firmantes se encuentran expertos independientes de las Naciones Unidas que abordan una amplia gama de cuestiones de derechos humanos, desde la libertad de reunión y la educación hasta el desarrollo, la igualdad de género y la solidaridad internacional, entre otras. Su intervención subraya la naturaleza transversal de la corrupción y su profundo impacto en los derechos humanos.

Los expertos de la ONU advierten:

En múltiples regiones y sectores, aumentan los ataques contra actores de la sociedad civil, periodistas y denunciantes que trabajan en la lucha contra la corrupción. Por ello, los Estados Parte de la CNUCC deben cumplir con sus compromisos, tanto en virtud de la CNUCC como del derecho internacional de los derechos humanos. Estamos presenciando una tendencia alarmante: las mismas personas y organizaciones que dicen la verdad a quienes ostentan el poder —activistas, periodistas, académicos, estudiantes, investigadores y defensores de los derechos humanos— están siendo silenciadas o castigadas con el pretexto de la seguridad nacional, leyes antiterroristas u otras restricciones. Esto contradice el espíritu de la CNUCC, cuyo artículo 13 reconoce el papel vital de la sociedad civil.

Los expertos subrayan además que la corrupción no solo constituye un desafío para la gobernanza, sino una amenaza directa y estructural para el ejercicio pleno de una amplia gama de derechos humanos. Socava la acción climática, el desarrollo, la educación, la salud y la independencia judicial, a la vez que expone a periodistas, denunciantes, pueblos indígenas, mujeres y niñas, y otros grupos vulnerables a riesgos y represalias.

Con demasiada frecuencia, los espacios anticorrupción, tanto a nivel nacional como internacional, excluyen o limitan las voces y acciones de la sociedad civil, a pesar del papel fundamental que desempeñan en la promoción de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. Estas restricciones debilitan los resultados de la lucha contra la corrupción y violan los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.